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Contenido de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria

 

1. Antecedentes

El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en su comparecencia del 1 de febrero de 2012 en el Congreso de los Diputados, presentó un paquete de 66 medidas y, en concreto, en relación con la cadena alimentaria, se comprometió a tramitar el Proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

En la pasada sesión del pleno del Senado, celebrada el 11 de julio, se aprobó la modificación del texto remitido por el Congreso de los Diputadosy el 17 de julio será remitido de nuevo al Congreso y recibirá el visto bueno definitivo de las Cortes el 18 y 19 de julio, entrando en vigor 5 meses después.                     

2. Finalidad del Proyecto de Ley

El proyecto tiene como finalidad mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria, de manera que aumente la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y se reduzca el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa que redunde en beneficio no sólo del sector sino también de los consumidores.

3. Estructura del Proyecto de Ley

Para el cumplimiento del objetivo, el proyecto se basa en un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena alimentaria.

4. Ámbito de aplicación del Proyecto de Ley

El objeto de la ley son relaciones comerciales que se produzcan entre los operadores que intervienen en la cadena alimentaria desde la producción a la distribución de alimentos o productos alimenticios.Además, la ley amplía su ámbito de aplicación a animales vivos, piensos y materias primas para alimentación animal.

Se excluyen del ámbito de aplicación de la ley las relaciones comerciales:

-        de los agentes de la cadena alimentaria con otros operadores económicos que sean ajenos al ámbito alimentario, así como con los consumidores y el canal de hostelería.

-        que tienen por objeto la entrega de producto de un socio a su entidad asociativa, siempre y cuando los socios estén obligados a ello por los estatutos de la asociación.

5. Regulación

La parte regulatoria de la ley consta de 2 elementos, los contratos alimentarios y las prácticas comerciales abusivas, siendo de obligado cumplimiento para aquellas relaciones comerciales que se desarrollen entre operadores que intervienen en la cadena alimentaria, desde la producción hasta la distribución.

Régimen de contratación

En relación al régimen de contratación, la novedad más significativa es el establecimiento de la obligación de formalizar por escrito los contratos alimentarios que se suscriban entre los operadores de la cadena, para garantizar la seguridad jurídica y la equidad en las relaciones comerciales, que serán formalizados antes del inicio de las prestaciones. Solo se aplica para transacciones comerciales a partir de 2.500 euros, cuando una de las partes es productor primario o una agrupación de los mismos o PYME, y el otro no, o cuando haya una dependencia económica de la otra parte.

Asimismo, se establece esta obligación para las operaciones de compra-venta a futuro o con precio diferido, excepto si el precio es inferior a 2.500 euros.

Se excluyen las relaciones en las que el pago se realice al contado contra la entrega de productos alimenticios.

Se establece, además, la obligación de incorporar los elementos esenciales de los mismos (identificación de las partes, objeto, precio, condiciones del pago, entrega de productos, derechos y obligaciones, información a suministrar, duración y causas y efectos de la extinción) pactados libremente por las partes.

Asimismo, se regulan las subastas electrónicas y la obligación de conservación de documentos.

En cuanto a las subastas electrónicas, éstas se someterán a los principios de transparencia, libre acceso y no discriminación y se obliga a la compra o venta por parte del organizador y de venta o compra por parte del que resulte adjudicatario.

Por último, se establece la obligación de conservación de documentos que los operadores deben conservar durante un período de dos años, a efectos de los controles que resulten pertinentes.

Prácticas abusivas comerciales

En cuanto a las prácticas comerciales abusivas, se prohíben las modificaciones de las condiciones contractuales establecidas en el contrato, salvo que se realicen por mutuo acuerdo de las partes. Los contratos alimentarios deberán contener las correspondientes cláusulas en las que se prevea el procedimiento para su posible modificación y, en su caso, para la determinación de su eficacia retroactiva.

Respecto a los pagos comerciales, se prohíben todos los pagos adicionales más allá del precio pactado, salvo en dos supuestos específicos (riesgo razonable de referenciación de un nuevo producto o a la financiación parcial de una promoción comercial) y bajo condiciones restrictivas (pactados e incluidos expresamente en el correspondiente contrato formalizado por escrito).

Por último, se regula la información comercial sensible y la gestión de marcas.

En relación con la información comercial sensible, no se podrá exigir a otro operador información sobre sus productos más allá de la que resulte justificada en el contexto de su relación comercial. Además, la información obtenida sólo podrá destinarse a los fines para los que fue facilitada, respetándose la confidencialidad de la información.

Sobre gestión de marcas se establece la obligación de los operadores de gestionar las marcas de productos alimentarios que ofrezcan al consumidor, tanto las propias como de otros operadores, evitando prácticas contrarias a la libre competencia o que constituyan actos de competencia desleal de acuerdo con lo previsto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, así como actos de publicidad ilícitos de conformidad con la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

Asimismo, se prohíbe el aprovechamiento indebido por parte de un operador y en beneficio propio de la iniciativa empresarial ajena, así como las que constituyan publicidad ilícita por reputarse desleal mediante la utilización, ya sea en los envases, en la presentación o en la publicidad del producto o servicio de cualesquiera elementos distintivos que provoquen riesgo de asociación o confusión con los de otro operador o con marcas o nombres comerciales de otro operador en los términos definidos en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal.

6. Autorregulación

Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria

La autorregulación de las relaciones comerciales se centra en el establecimiento de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria que acordaría el MAGRAMA, junto las organizaciones y asociaciones representativas de la producción, la industria o distribución y cuya adhesión será voluntaria por los operadores de la cadena. El Ministerio de Economía y Competitividad y las CCAA, participarán, también, en el acuerdo con el fin de promover un código de aplicación uniforme en todo el territorio español.

A estos efectos, se ha previsto crear un Registro Estatal, como instrumento público que agruparía a todos aquellos operadores de la cadena alimentaria que se adscriban al Código citado anteriormente.

Los operadores adheridos tendrán la obligación de someter la resolución de sus conflictos al sistema de resolución de conflictos que se designe en el Código.

No obstante, la ley prevé la posibilidad de que existan otros códigos de buenas prácticas mercantiles, impulsados por los propios operadores de la cadena, con mayor nivel de exigencia para los operadores que lo suscriban que el Código promovido por las administraciones y el sector, que también podrían inscribirse, así como sus operadores, en el Registro.

También se prevé que la inscripción de los operadores en el Registro se tenga en cuenta en la normativa reguladora de las ayudas y subvenciones que en relación con la alimentación y la cadena alimentaria se promuevan por parte del MAGRAMA.

Por último, el Código incluirá la facultad de que cualquiera de las partes pueda solicitar una mediación en el caso de desacuerdos entre las organizaciones de productores y los compradores en el precio de los contratos alimentarios que tengan por objeto productos agrarios no transformados, en su primera venta. Esta mediación se realizará en los términos, en las condiciones y con los efectos que reglamentariamente se establezcan.

Observatorio de la Cadena Alimentaria

También, se crea este Observatorio que asumirá las funciones del Observatorio de Precios de los Alimentos y además:

  • informará de la propuesta del Código y realizará su seguimiento, así como el de las prácticas comerciales, dando traslado a la autoridad competente, si detectase incumplimientos de lo establecido en la ley, 
  • tratará de fomentar las buenas prácticas y sistemas ágiles de resolución de conflictos entre las partes 
  • analizará y estudiará de forma continuada la estructura básica de los costes y de precios percibidos y pagados, así como las causas.

7. Control administrativo

Se establece un control administrativo, otorgando potestad sancionadora al MAGRAMA que se aplicará por el incumplimiento de lo dispuesto en la ley, tipificando las infracciones y sanciones. La ley introduce, además, como infracción grave el incumplimiento de los plazos de pago de alimentos, conforme a la Ley 15/2010 de lucha contra la morosidad, y las sanciones son graduadas en función de su intencionalidad y del perjuicio causado.

Asimismo, establece que, salvo prueba en contrario, se considerarán autores de las infracciones, en relación a la no formalización por escrito de los contratos y la no inclusión de los extremos que como mínimo deben contener éstos, a los operadores que no tengan la condición de PYME, de productor primario y los operadores respecto de los cuales el otro operador que interviene en la relación se encuentre en situación de dependencia económica.

Se delimitan las autoridades competentes que en cada caso corresponda ejercer dicha potestad, de manera que corresponde a la Administración General del Estado ejercerla cuando las partes contratantes tengan sus respectivas sedes sociales principales en diferentes CCAA, o el contrato afecte a un ámbito superior al de una Comunidad autónoma, en razón de la trazabilidad previsible del alimento; mientras que, corresponderá a las CCAA ejercer la potestad sancionadora, en los restantes supuestos.

Por último, el MAGRAMA promoverá la elaboración de unas directrices comunes que serán elevadas a Conferencia Sectorial para garantizar la aplicación uniforme en todo el territorio nacional del régimen sancionador.

Agencia de Información y Control Alimentarios

Se crea lesta Agencia a partir de la actual Agencia para el Aceite de Oliva, que en general, desempeñará funciones relativas al control del cumplimiento de la ley y de información y control de los mercados oleícolas, del sector lácteo y la de aquellos otros que reglamentariamente se determinen.

Las nuevas funciones, además de las que venía haciendo, son las siguientes:

  • Establecer y desarrollar el régimen de control de lo dispuesto en esta ley. 
  • Comprobar las denuncias por incumplimiento que le sean presentadas. 
  • Instruir en el procedimiento sancionador para formular la propuesta de resolución que proceda, a la autoridad competente del MAGRAMA, o trasladarlas a la CNC. 
  • Tendrá, además, capacidad para iniciar de oficio el procedimiento sancionador y formular denuncias ante la CNC. 
  • Gestionar y mantener el Registro Estatal de Buenas Prácticas Comerciales. 
  • Para los productos alimentarios que se consideren especialmente sensibles y/o estratégicos se creará un sistema de información, seguimiento y análisis específico.

Además, la AICA colaborará con el OCA en la realización de estudios e informes relativos a los mercados establecidos reglamentariamente para este organismo.

Por último, incorpora mecanismos de coordinación entre las Administraciones Públicas para garantizar la Unidad de Mercado.

8. Realización y difusión de estudios y análisis comparativos

Se introduce una disposición adicional para extender los principios que rigen las actuaciones del control oficial a otros estudios sobre productos alimenticios destinados a la venta a un consumidor final que se pretendan difundir públicamente. En ella se establece el alcance de un posible incumplimiento de los principios y requisitos aplicables, equiparando los supuestos de incumplimiento con comportamientos objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Competencia Desleal, en la medida que, aún no siendo operadores económicos, sus actuaciones pueden influir de manera significativa en el comportamiento económico del consumidor o usuario.

9. Otras materias que se regulan

Modifica la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, Reguladora de las Organizaciones interprofesionales agroalimentaria (OIAs) y la Ley 2/2000, de 7 de enero, Reguladora de los contratos-tipo de productos agroalimentarios.

En cuanto a la modificación de la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las OIAs, el proyecto de ley soluciona los problemas recientes del posible impago de la extensión de norma de interprofesionales de ámbito regional y de figuras de calidad. También se incluyen nuevas funciones (entre ellas la posibilidad de hacer previsiones estadísticas que, además, podrán ser objeto de extensión de norma.  Finalmente, se refuerzan los criterios de representatividad y de solicitud de extensión de norma y se actualiza el sistema de infracciones y sanciones.

Asimismo, se establece un plazo máximo (antes del 30 de abril de cada año), para la remisión al Ministerio de la memoria anual de actividades, el estado de representatividad al cierre del ejercicio, las cuentas anuales, la liquidación del último ejercicio debidamente auditado, y el presupuesto anual de ingresos y gastos del ejercicio corriente y se introduce como falta muy grave la no remisión de esta documentación, en el caso de que haya percibido aportaciones económicas obligatorias de todo el sector, y denegar la adhesión de organizaciones sectoriales que acrediten la representatividad.

Por ultimo, se establece la posibilidad de revocar el reconocimiento de OIAs que, después de constituidas y reconocidas, no realizan ningún tipo de actividad de forma continuada. Como solo se puede reconocer una OIA por sector o producto, esta situación impide la creación de una nueva OIA que pueda desarrollar alguna de las finalidades de la ley.

Se regulan, además, los laboratorios alimentarios para el control oficial y se establecen las tasas que podrán cobrar por la prestación de sus servicios los Laboratorios alimentarios