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Biodiversidad

Protocolo de Nagoya

El Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica se adoptó el 29 de octubre de 2010 y entró en vigor el 12 de octubre de 2014. España lo firmó el 21 de julio de 2011 y en junio de 2014 depositó el correspondiente instrumento de ratificación, por lo que forma Parte del mismo desde su entrada en vigor.

En el contexto de la Unión Europea, y para dar cumplimiento a algunas de las disposiciones del Protocolo, se ha adoptado el Reglamento 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre al acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión. Con posterioridad se ha aprobado el Reglamento de ejecución (UE) 2015/1866 de la Comisión, de 13 de octubre de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del Reglamento (UE) nº 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al registro de colecciones, la supervisión del cumplimiento por los usuarios y la aplicación de mejores prácticas.

Con este nuevo Protocolo se intenta reforzar el cumplimiento de las normas nacionales de acceso de los países proveedores de recursos genéticos mediante la exigencia de medidas de cumplimiento y seguimiento en los terceros países donde se utilicen dichos recursos genéticos. Todos los países se comprometen a establecer medidas para asegurar que los recursos genéticos utilizados dentro de su jurisdicción hayan sido accedidos de conformidad con el marco nacional del país proveedor, comprometiéndose por tanto a luchar en su jurisdicción contra la biopiratería. Para ello, todos los países que forman parte del Protocolo deben establecer puntos de control bajo su jurisdicción, ante los que los usuarios de recursos genéticos deben aportar información sobre el acceso legal a dichos recursos, principalmente a través del certificado de cumplimiento.

Esto redundará en una mayor transparencia en los sectores que utilizan recursos genéticos y en una más fluida y constante transferencia de beneficios a los países proveedores, contribuyendo así a la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y a la reducción de la pobreza.

España, a través del artículo 71 de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, tras su modificación por la Ley 33/2015 (entrada en vigor el 7 de octubre de 2015), pasa a regular el acceso a los recursos genéticos españoles, cuyo acceso requerirá de la obtención de la preceptiva autorización de acceso. La Ley establece las autoridades competentes de acceso y las oportunas infracciones y sanciones. Igualmente a través de los artículos 72, 74, 80 y 81 de la Ley 42/2007, se establecen las infracciones y sanciones relativas al incumplimiento de las obligaciones y procedimientos previstos en el Reglamento 511/2014 en relación con las medidas de cumplimiento del Protocolo de Nagoya.

Todos estos procedimientos se han concretado a través del Real Decreto 124/2017, de 24 de febrero, relativo al acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres y al control de la utilización.