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Preguntas frecuentes y respuestas rápidas para una contratación pública responsable

Preguntas frecuentes y respuestas rápidas para una contratación pública responsable

Edita: REAS, Red de Economía Alternativa y Solidaria de Madrid, 2017

Formato: PDF - Descargar guía

Idioma: Español

 

La compra de bienes y la contratación de obras y servicios por parte del sector público se ha convertido en una práctica habitual, mucho más desde la aprobación de normativas sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que han obligado a muchas entidades públicas, especialmente a los ayuntamientos, a externalizar una parte importante de los servicios que venían prestando con personal funcionario. Esto se debe a la incapacidad (legal) que en estos momentos tienen la mayoría de los organismos públicos para contratar o para crear entidades empresariales u organismos públicos.

A ello hay que añadir que la situación de crisis ha hecho que se reduzcan drásticamente los ingresos del sector estatal, provocando recortes (económicos y en derechos) y dejando a sus entidades con poca capacidad económica y financiera. Es por ello que el criterio de compra y contratación pública más relevante ha venido siendo, de forma muy acusada, el precio, lo que ha supuesto una devaluación de las condiciones laborales, sociales, económicas y ambientales de los contratos, perjudicando especialmente a las personas que participan de ellos y a la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía.

La propuesta desde el punto de vista de la Economía Social y Solidaria es que las políticas de contratación con el Estado y sus instituciones deben ser coherentes con el resto de las políticas, especialmente con las que promueven el bienestar y la equidad social, la dignidad en el trabajo, el respeto a la negociación colectiva y a los convenios laborales, la sostenibilidad medioambiental y la cooperación y solidaridad con otros países, para hacer de la gestión algo más efectivo y eficiente.

Para ello, los contratos entre instituciones y entidades privadas deben estar gestionados, preferentemente, por aquellas que garanticen condiciones laborales dignas y de calidad, que aseguren la equidad de género y la inserción socio-laboral de colectivos desfavorecidos así como el desarrollo económico local, con el objetivo de prestar el mejor servicio a la ciudadanía a la vez que se asegure una gestión ambientalmente sostenible. En definitiva, las Administraciones Públicas deben apostar por entidades que potencien sus objetivos sociales, económicos y ambientales para favorecer un cambio de modelo de desarrollo. 

Preguntas frecuentes y respuestas rápidas para una contratación pública responsable es una guía que ayuda a identificar si un contrato incorpora, o puede incorporar, cláusulas sociales, de género, ambientales y de comercio justo en alguna de sus diferentes fases. Incluye, además, ejemplos prácticos.

 

Consultada en octubre de 2017